Modelo extractivista minero en Honduras: ¿Amenaza o bendición?

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El extractivismo en Honduras se practica desde tiempos precolombinos viniendo de la mano con la conquista española en el territorio nacional. Dentro del concepto general de extractivismo se encierra la minería, proyectos hidroeléctricos, destrucción masiva de bosques y ahora en Honduras Zona de empleo y desarrollo (Zede).  Estos modelos se basan principalmente en la extracción de recursos del medio ambiente como suelo y territorio, agua y ecosistemas. En esta ocasión se presentará mayor interés a proyectos mineros de gran impacto en la población hondureña.

La actividad minera en Honduras se practica desde hace más de 500 años aproximadamente, teniendo actividad con llegada de los españoles, donde se extraía oro y plata de la tierra para luego llevarla a España, teniendo como trabajadores y esclavos a los aborígenes. La minería ha tenido periodos de suspensión, auge y reactivación, siendo este tema de conflicto desde hace muchos años hasta la actualidad entre los pueblos, defensores del medio ambiente, empresas y autoridades.

Una de las principales riquezas de Honduras son sus minas cargadas de metales valiosos como el oro, plata y piedras preciosas de gran valor, partiendo de eso empresas transnacionales crean asentamientos mineros en zonas localizadas para poder explorar, explotar y exportar minerales de nuestra tierra al extranjero. La forma de minería que se practica en Honduras es la de “cielo abierto” una forma no tan costosa a diferencia de otras, pero que deja un gran impacto en el medio ambiente.

Uno de los casos que mayor impacto ha tenido es la extracción de cuerpos del cementerio municipal de Azacualpa, departamento de Santa Bárbara, la actividad minera en esa zona se remonta desde los años 50’ siendo uno de los territorios con mayor riqueza mineral de todo Honduras. La empresa Minerales de Occidente S.A (Minosa) se asentó en dicho municipio para extraer minerales, actividad que lleva practicando desde hace muchos años. Actualmente esta empresa atraviesa conflictos con pobladores del municipio a causa del desalojo forzoso del cementerio municipal, pues este campo santo no solo guarda cuerpos bajo la tierra sino también, grandes cantidades de oro que se pretende extraer del cerro.

Este cementerio es lugar de descanso de familiares de habitantes de Azacualpa, inicialmente muchos se opusieron a la reubicación de cuerpos en el sitio, sin embargo Minerales de Occidente S. A, les propuso la construcción de un nuevo cementerio más la suma de cierta cantidad de dinero por cuerpo extraido, según datos publicados del periódico digital Contra Corriente,  algunos pobladores de la localidad han declarado que la suma por cuerpo oscila entre los 100 mil a 115 mil lempiras. Actualmente gran parte de los restos humanos han sido trasladados al nuevo cementerio y los que quedan impiden el desarrollo de extracción de oro por parte de la empresa.

Durante el año 2020 se aprobó una resolución en donde se protegía al cerro de cualquier extracción de cadáveres, esto bajo la mención de “territorio cultural” pues este campo sagrado tiene aproximadamente 200 años de estar en servicio, se cree que posiblemente estén enterrados restos de chamanes y jefes de tribus de los Chortís y Mayas pues durante mucho tiempo establecieron sus campamentos en esa zona. Debido a esa resolución detuvo el proyecto de desalojo, sin embargo, se continuó trabajando alrededor y bajo en cementerio, esto ha causado la debilitación de la tierra y se presume que el cerro vendrá abajo en los próximos meses dejando expuestas las tumbas. En caso de destruirse el cementerio la empresa podrá retomar el trabajo en el sitio sin cargos legales.

Cementerio y mina de Azacualpa, se observa que algunos de los cuerpos ya fueron removidos de sus tumbas hacia el nuevo cementerio (créditos: Elpulso.hn y Cespad.org.hn)

Es de crucial importancia mencionar que pese a todo el daño del suelo y del ecosistema en general en Azacualpa, la mayor parte de la población está a favor del sistema extractivista minero en el municipio, esto producto a parte de la población trabaja en las minas y es la unica forma de ingresos y sustento que conocen, entonces pese a que la explotación de tierras les deje un daño irreversible ellos continuaran cediendo a reubicación de hogares, cementerios, escuelas, etc, pues es la forma de vida con la que se han relacionado. 

Asímismo, resaltamos el caso de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón. Pobladores de esta región luchan en contra de la empresa “Inversiones Los Pinares” propiedad de Lenir Peréz y Ana Facussé, el conflicto tuvo origen en el año 2013 cuando el Congreso Nacional aprobó la reducción de la zona núcleo del área protegida del Parque Nacional Pedro Escaleras en 217.34 hectáreas, para poder ceder terreno a la empresa minera  Inversiones Los Pinares. Esta concesión ha traido numerosos impactos ambientales, políticos y sociales en la comunidad de Guapinol, entre los impactos ambientales se incluyen la reducción de 15 manzanas de bosque primario y sus consecuencias como el deslizamiento de tierra, hundimientos y disminución y cambio de color de agua del Rio San Pedro.

Se han efectuado diversos cabildos y protestas en contra de la actividad minera en esa zona sin recibir respuestas positivas, obteniendo como resultado represión y amenazas departe de las autoridades. La comunidad de Guapinol creó comités de lucha y defensa de los bienes naturales en el territorio con el propósito de tener mayor organización y fuerza, sin embargo, ocho lideres y defensores del Rio San Pedro están apresados por oponerse a este proyecto minero.

Cierre de carretera y plantones efectuados por pobladores en la comunidad de Guapinol en defensa de los ríos y bosques (créditos: Contracorriente.red)

Por otro lado, no se pueden olvidar las luchas del pueblo Tolupán en Victoria y Yorito. Estas comunidades étnicas se han enfrentado incansablemente a la defensa de sus montañas, la concesión está ubicada en el Cerro Nuevo Plan, el gobierno extendió un permiso de explotación minera a la empresa Comercializadora de Agregados de Honduras S.A. de C.V.  (CEASA). La mayor afectación para los pobladores es la contaminación de los ríos Tepemechín y Aguán, ríos de los cuales suplen sus necesidades básicas de agua y al estar expuestos a residuos de las minas el agua se contamina y no es apta para consumo.

En la zona de Victoria y Yorito existe un mineral muy valioso llamado “barita” que es usado por las empresas petroleras para neutralizar el petrólio y evitar chispas durante su porceso de preparación, mineral invaluable para las empresas de carburos. Debido a las luchas del pueblo Tolupán y demás pobladores de la región, las actividades de extracción pararon momentaneamente, pobladores esperan que este paro de actividades sea definitivo.

Se finaliza este apartado de concesiones extractivas de mayor impacto con uno de los proyectos mineros más grande de Centro América “El Mochito” en Las Vegas, Santa Bárbara; se mantiene en actividad desde hace 73 años propiedad de  la empresa canadiense Morumbi Resources Inc. La concesión se otorgó por parte del gobierno para la extracción de zinc y plata, sin embargo pobladores de la región asumen que se extrae oro y otros minerales valiosos pues la zona es rica en vegetación y agua, por estudios e investigaciones de expertos se sabe que en cerros y montañas donde corre abundante agua existen metales preciosos en la tierra. Esta minería ha estado envuelta en diversos conflictos pues se determinó que parte de sus residuos desembocaban en el Lago de Yojoa contaminando el agua con plomo, así mismo, trabajadores de la mina desarrollaron graves enfermedades por la exposición a metales pesados y se enlistan varias muertes de empleados de la empresa a causa de la misma razón.

El Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), explica que las medidas de mitigación que se implementan luego de la extracción a cielo abierto son la recuperación y tratamiento del suelo afectado, tratamiento del agua, prevención del drenaje ácido y el control de emisión de gas, esto para controlar los daños que deja la explotación del suelo. “El principal problema de la minería es la minería irregular, pues es la que causa el principal daño ambiental en virtud de que no tiene ninguna regulación, no tienen licencias ambientales ni medidas de mitigación que aplicar, entonces no hay control ni seguimiento de las mismas”,  expresó en secretario general de Instituto Hondureño de Geología y minas.

Por otra parte Pedro Landa, Ambientalista de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, manifiesta que el impacto en las tierras es irreversible y que afecta de manera permanente al ecosistema y a la población que lo habita, esto por la contaminación del agua de los rios con metales pesados como el plomo y el mercurio, ocasionando problemas en el organismo mediante el contacto con alimentos, aire y cultivos expuestos. “Estas empresas extractivistas consumen aproximadamente 180 galones de agua por segundo, estamos hablando que diariamente gastan el agua que una familia tradicional de cinco miembros consumiría en veinte años”,  aseguró.

Los desacuerdos que se han sucitado por la explotación y exploración del suelo han dejado diversas muertes de ambientalistas y varias ordenes de apresión. Según Landa en los últimos veinte años han muerto 160 personas por asuntos relacionados con la defensa de territorios, generalmente  indigenas y actualmente hay más de cincuenta defensores con ordenes de captura. Los departamentos donde se centra la mayor actividad minera son Santa Bárbara, Choluteca, Yoro, Comayagua, Copán, Cortés y El Paraíso; siendo Santa Bárbara el departamento con más concesiones mineras en el país. Los minerales de mayor valor que se exportan son: oro, plata, antimonio y cobre.

De acuerdo a un sondeo de opinión popular publicado en el 2020 por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), los resultados obtenidos en el apartado de extractivismo y crisis ambiental son los siguientes: el 89.1% de la población es del criterio que existe corrupción (mucho o algo) y el 10.2% está en desacuerdo con que existe corrupción (poco o nada). Dicho en números simples, 9 de cada 10 hondureños y hondureñas creen que en los contratos con los generadores de energía hay sospechas de corrupción.

El 88.2% dijo estar en contra de la explotación minera y solo un 9.4% dijo estar a favor. En relación con la venta y tala de los bosques, el 97.9% está en contra y 1.9% está a favor de ello. En cuanto a la privatización del agua, la opinión de la población consultada fue de un 95.8% en contra y un 4.1% a favor. Sin embargo, en lo referido a la construcción de represas hidroeléctricas, la opinión presenta un empate técnico en los resultados: el 48.8% dijo estar en contra de la construcción de represas hidroeléctricas y el 48.3% manifestó estar a favor.

Los objetivos y beneficios que presentan las industrias extractivistas mineras son modernización de las comunidades y desarrollo en infraestructura como la construcción de escuelas, centros de salud, pavimentación y viviendas, como la generación de empleos y desarrollo económico y comercial de la zona.

Por otro extremo están los principales problemas que se visualiza en territorio minero, como el deterioro del suelo y el entorno e general, contaminación del aire, contaminación de aguas superficiales y subterranes, impacto sobre la flora y la fauna, cambios drásticos en la microclima e impacto en la salud de los probladores que viven cerca de las minas. Por los común estas personas presentan problemas en la piel, cuero cabelludo y el deterioro de organos internos.

Según informes presentados por Inhgeomin el 1.53% del territorio en Honduras está concesionado, dividido en concesiones de explotación: 20 metálicas y 95 no metálicas; concesiones de exploración: 75 metálicas y 94 no metálicas. Según el informe de Territorios en Riesgo I y II, al operar un total de 700 concesiones mineras el 75% de los ríos de Honduras se contaminarían de manera irreversible.

Reportaje: Waleska Navarro

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